En varias entradas de este blog, hemos hablado de las trágicas consecuencias que la exposición al amianto puede tener en la salud de las personas. Desafortunadamente, muchos de los casos que exploramos y de los que hablamos aquí implican a una persona que ha muerto como resultado de una enfermedad relacionada con el amianto como el mesotelioma. Estas enfermedades pueden ser devastadoras porque a menudo son graves y pueden progresar muy rápidamente, dejando a las víctimas con pocas opciones para un tratamiento eficaz. Lamentablemente, muchas personas fallecen en cuestión de meses tras el diagnóstico.
Por ello, a menudo se deja en manos de la familia de la víctima emprender acciones legales en nombre de su ser querido. Muchos familiares optan por interponer una demanda por homicidio culposo, ya que puede ser una forma eficaz de obtener una indemnización, exigir responsabilidades y cerrar el caso.
Para reclamar daños y perjuicios a través de una demanda por homicidio culposo relacionada con el amianto, varios factores deben establecerse.
Si se dan todos estos elementos, la demanda por homicidio culposo puede proceder. Sin embargo, incluso con todas estas piezas en su lugar, pueden surgir complicaciones. Las partes implicadas en una demanda por amianto suelen hacer todo lo posible por negar haber tenido algo que ver con la enfermedad de una persona; a menudo intentan culpar a otras partes o incluso a la víctima para no tener que afrontar las consecuencias económicas. El cálculo de los daños también puede ser más complicado de lo que la gente espera.
También es crucial tener en cuenta que hay un reloj que corre. Existen plazos de prescripción que definen el tiempo de que se dispone para presentar una demanda por homicidio culposo. Una vez que el reloj se agota, puede ser imposible interponer recursos legales.
Los familiares que han perdido a alguien debido a la exposición al amianto deben comprender que solicitar ayuda jurídica cuanto antes, puede ser crucial para construir un caso de homicidio culposo. Con el tiempo y los recursos adecuados, las familias pueden conseguir la indemnización y el cierre que merecen.